Tribuna abierta

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La mayoría absoluta del PSOE en el Parlamento de Andalucía, ha servido en esta ocasión para aprobar la Ley 13/2005 de 11 de noviembre sobre medidas para la vivienda protegida y el suelo en Andalucía y normas de desarrollo que, en opinión del Partido Andalucista atenta contra la principal inversión de las familias andaluzas: la vivienda.

La falta de información desde su aplicación, el carácter retroactivo que aplica su orden de desarrollo, la ausencia de derecho transitorio en la ley que resuelva situaciones jurídicas concretas que actualmente están enquistadas y sin resolución con el consiguiente perjuicio que está ocasionando a miles de andaluces, la valoración injusta e irreal de la vivienda de protección oficial, la arbitrariedad de la Junta de Andalucía…, han generado incertidumbre, parálisis, malestar y el rechazo de colectivos profesionales y sociales y por supuesto la indignación de los actuales titulares de VPO que han visto con la aplicación de esta norma como las condiciones con las que adquirieron su vivienda se modifican y endurecen.

Para el Partido Andalucista esta ley reconoce el fracaso de la Junta de Andalucía en materia de política de vivienda. En Andalucía anualmente se construyen solo un 15 % de vivienda protegida. La falta de vivienda protegida no es responsabilidad ni de los que aspiran a una vivienda, ni por supuesto de sus actuales titulares. Es solo únicamente del que lleva dirigiendo la política de vivienda durante 22 años en Andalucía, el PSOE.

Durante años la Junta de Andalucía ha tenido todos los mecanismos y recursos legales y económicos para controlar el precio de la vivienda y el suelo. El resultado es conocido por todos y es consecuencia de que la Junta de Andalucía no ha ejercido sus funciones, aunque intencionadamente carga las tintas sobre una de las partes, sus titulares, los trabajadores, obviando la responsabilidad de la Administración Pública en las subastas de terrenos al mejor postor, la falta de control del mercado inmobiliario….

Para el Partido Andalucista esta ley y normas de aplicación profundizan en la diferencia entre clases, por que aboca a los trabajadores a no poder aspirar una mejora y progreso personal incluso habiendo cumplido con las condiciones con las que adquirieron su vivienda de protección oficial truncando así sus proyectos de vida.

La mayor inversión de una familia trabajadora es su vivienda y si esta para su desgracia es de VPO es, desde este momento, menos segura, no revalorizable y de mínima liquidez. Esta es la formula de la Junta de Andalucía para controlar el precio de la vivienda.

El Partido Andalucista entiende que la vivienda de protección oficial es de propiedad de sus titulares que son quienes sufragan su compra. El hecho de recibir una subvención, en algunos casos mínima y otros inexistente, no puede condenar a sus propietarios a una servidumbre que está a expensas de esta ley o sucesivas leyes que destilen de la mayoría absoluta en el Parlamento.

La retroactividad en la aplicación de la ley y sus efectos sobre una gran variedad de casos en los que se pueden lesionar derechos, hará que se incremente el número de conflictos judiciales por parte de los propietarios de VPO.

Por todo ello, el Partido Andalucista entiende que las soluciones jurídicas no son el remedio que actualmente y en los próximos años necesitan los andaluces, pedimos a todos los grupos políticos que apoyen la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.- Instar a la Conserjería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía a no aplicar con carácter retroactivo la ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo, así como las normas que la desarrollan.

Segundo.- Que en el trámite parlamentario iniciado para enmendar la ley 13/2005, se dé una amplia participación a las partes afectadas, sectores sociales, colectivos profesionales, grupos políticos, etc., para proceder, en breve plazo, a la modificación de la ley de tal manera que se regule la vivienda protegida de forma clara, razonable, digna y justa y se contemplen soluciones adecuadas a las situaciones derivadas de su aplicabilidad.