Miércoles 6 de noviembre de 2024
Especial DANA:
El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas y exenciones fiscales para ciudadanos, empresas y autónomos afectados por la DANA en municipios de Valencia y otras zonas. Este paquete tiene un impacto de 1.438 millones de euros y se suma a un conjunto más amplio de medidas incluidas en el Real Decreto-ley que abarca un presupuesto total de 10.600 millones de euros, destinado a paliar los daños causados por la catástrofe entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
Entre las ayudas directas se contemplan subvenciones para más de 95.000 autónomos y empresas afectadas. Las empresas recibirán ayudas en función de su volumen de operaciones de 2023, que oscilan entre 10.000 y 150.000 euros según su tamaño, beneficiando a más de 30.000 empresas. Los autónomos recibirán 5.000 euros cada uno, beneficiando a más de 65.000 trabajadores por cuenta propia en las zonas afectadas. Para facilitar el acceso a estas ayudas, el Gobierno habilitará un formulario electrónico en la página de la Agencia Tributaria, y las solicitudes estarán abiertas del 19 de noviembre al 31 de diciembre de 2024, con pagos a partir del 1 de diciembre. Además, estas ayudas estarán exentas de impuestos.
El decreto también incluye una suspensión del segundo pago del IRPF para los afectados que tenían pagos pendientes, los cuales se aplazarán tres meses, y se declararán exentas todas las ayudas por daños personales recibidas. También se ofrecen exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) de 2024 para inmuebles dañados, permitiendo la devolución de pagos ya realizados. Asimismo, se exonera el pago de tasas por la expedición de duplicados de permisos de circulación o de conducción destruidos por la DANA.
El sector agrario también se beneficiará de una reducción en los índices de rendimiento neto de IRPF y en el régimen especial de IVA para el año 2024, aplicable a las explotaciones agrícolas en las zonas afectadas.
Para apoyar la situación fiscal de los afectados, el Gobierno extenderá los plazos para la presentación de obligaciones tributarias, como declaraciones y liquidaciones, hasta el 30 de enero de 2025, y se permitirán aplazamientos sin intereses de demora durante seis meses. Igualmente, se flexibilizan los plazos en procedimientos ante el Catastro hasta el mismo plazo.
Además, se destinan recursos para apoyar la financiación de los municipios afectados, compensándolos por las pérdidas de ingresos derivadas de exenciones y reducciones de impuestos como el IBI y el IAE. Los municipios podrán usar el Fondo de Financiación de Entidades Locales en 2024 y 2025 para atender sus necesidades financieras, y se autoriza el uso de superávits municipales para la reparación de daños.
El decreto también crea el Mecanismo Nacional de Respuesta y Reconstrucción frente a la DANA, asignado al grupo TRAGSA, que gestionará y coordinará las medidas necesarias para apoyar a las autoridades locales y autonómicas. Se ampliará el fondo de contingencia para asegurar la cobertura financiera de todas las necesidades derivadas de la catástrofe.
Por otro lado, el Gobierno ha solicitado al Fondo Europeo de Solidaridad (FSUE) para recibir apoyo para los afectados por la DANA. Este fondo permitirá financiar una parte de los daños directos causados, cubriendo gastos como el restablecimiento de infraestructuras, servicios de ayuda a la población afectada, y limpieza de las zonas dañadas. Desde 2002, este fondo ha destinado más de 8.200 millones de euros a catástrofes en la Unión Europea, de los cuales España ha recibido 157 millones para varios eventos catastróficos.
Finalmente, el Gobierno también ha solicitado a la Unión Europea agilizar el Reglamento RESTORE, que facilitará la reprogramación de fondos comunitarios y proporcionará apoyo adicional a través de los programas de Política de Cohesión, FEDER y FSE+.
10.600 millones de euros se destinarán para ayudar a hogares, empresas y ayuntamientos afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un paquete de medidas por valor de 10.600 millones de euros para ayudar a hogares, empresas y ayuntamientos afectados por la DANA en municipios de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Este plan incluye ayudas directas, moratorias fiscales, medidas de seguridad social, líneas de crédito y asistencia a las administraciones locales. Sánchez destacó que estas acciones representan el comienzo de un «Plan de respuesta inmediata, de reconstrucción y de relanzamiento» para las zonas afectadas, con énfasis en la Comunidad Valenciana. El plan constará de tres fases: la respuesta inmediata, la reconstrucción y, finalmente, el relanzamiento y adaptación del territorio a la emergencia climática.
Entre las ayudas directas, se encuentran transferencias de hasta 72.000 euros para afectados con incapacidades, de 20.000 a 60.000 euros para reparación de viviendas, hasta 10.300 euros para reemplazo de muebles y electrodomésticos, y hasta 37.000 euros para mejoras en comunidades de vecinos. Además, se destinarán 838 millones de euros para apoyar a pymes y autónomos con domiciliación fiscal en las áreas dañadas, con ayudas de entre 5.000 y 150.000 euros, según el tamaño de la empresa.
También se creará una incapacidad temporal extraordinaria para trabajadores y autónomos afectados por daños físicos o psicológicos derivados de la DANA, quienes recibirán el 75% de su salario desde el primer día. Aquellos autónomos que necesiten cesar su actividad podrán solicitar una prestación equivalente al 70% de su base de cotización. Además, los receptores del Ingreso Mínimo Vital y las pensiones no contributivas verán un aumento del 15% durante tres meses.
El Consorcio de Compensación de Seguros empezará a abonar indemnizaciones a familias y empresas que perdieron sus vehículos, incrementando un 20% el valor de tasación de cada vehículo, en un esfuerzo que se estima alcanzará los 3.500 millones de euros. Asimismo, se ha creado una línea de avales de 5.000 millones de euros gestionada por el ICO para facilitar créditos a hogares, pymes y autónomos, de modo que puedan reequipar sus negocios y reparar sus viviendas rápidamente.
En el ámbito fiscal, el gobierno permitirá a los contribuyentes afectados aplazar el pago del IRPF de 2023 hasta 2025 y eximirá a los inmuebles dañados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en 2024. Para el sector agrario, se aplicará una reducción en los índices de rendimiento neto y el régimen especial del IVA para el próximo año. Además, las empresas que realicen ERTE no tendrán que abonar las cotizaciones a la Seguridad Social hasta febrero de 2025, garantizando que los periodos de ERTE sean considerados como tiempo cotizado.
También se ha aprobado una moratoria de hipotecas y préstamos al consumo, permitiendo a los afectados aplazar el pago completo durante tres meses y abonar solo los intereses por nueve meses adicionales. Este beneficio aplicará a alrededor de 30,000 empresas y numerosos hogares.
El gobierno se comprometió a cubrir el 100% de los gastos de emergencia de los ayuntamientos, como limpieza y suministro de agua potable, y hasta el 50% de obras de reparación de infraestructuras. Se reforzarán los recursos humanos y financieros en los municipios afectados, habilitando un portal de emergencias y oficinas de refuerzo para acelerar los trámites burocráticos.
Para coordinar la respuesta, se establecerá una Comisión Interministerial y se fortalecerá la cooperación con gobiernos autonómicos, en especial con la Generalitat Valenciana. Sánchez también anunció la solicitud del Fondo Europeo de Solidaridad y la reprogramación de fondos de cohesión para financiar la recuperación.
A nivel operativo, el Gobierno ha desplegado más de 15,300 efectivos, entre militares, policías y brigadistas, para colaborar en el rescate de personas, limpieza de calles y distribución de alimentos y agua potable en las áreas afectadas. También se han restaurado servicios esenciales como electricidad y telecomunicaciones en la mayoría de los hogares y se han reparado carreteras y líneas ferroviarias.
Sánchez reafirmó el compromiso de su gobierno para trabajar hasta restablecer la normalidad en los hogares y municipios impactados por esta tragedia, enfatizando la importancia de la unidad y la cooperación entre todas las administraciones para acelerar el proceso de recuperación.
El Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto-ley con ayudas para afrontar los daños causados por la DANA en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Estas ayudas, que suman 10.600 millones de euros, beneficiarán a hogares, empresas, autónomos y ayuntamientos de 78 municipios afectados, con posibilidad de ampliación a otras áreas según las necesidades.
Las medidas de vivienda se concentran en tres aspectos: ayudas directas para la reparación o reconstrucción de viviendas y daños en comunidades de vecinos; una línea de avales para financiar estas reparaciones; y facilidades fiscales y documentales para acceder a las ayudas.
- Ayudas para reparación y reconstrucción: Se destinarán a cubrir daños materiales en viviendas y enseres, con montos según el tipo de afectación. Por ejemplo, la destrucción total de la vivienda habitual se indemnizará con hasta 60.480 euros, y los daños estructurales con 41.280 euros. También se cubrirán pérdidas de enseres esenciales y daños en elementos comunes de comunidades de vecinos. La cuantía fijada cuadruplica los importes previos previstos en el Real Decreto 307/2005, y se ha eliminado el requisito de umbrales de renta para las ayudas por daños en vivienda. Las solicitudes podrán realizarse en un plazo de dos meses desde la entrada en vigor del Decreto, y serán gestionadas por las Subdelegaciones del Gobierno. Los solicitantes deberán demostrar la titularidad de los inmuebles y, en casos sin seguro, podrán presentar un informe pericial validado por el ayuntamiento para acreditar los daños.
- Moratoria de hipotecas: Se permitirá a las familias aplazar el pago de intereses y capital de préstamos por tres meses, seguido de otros nueve meses de aplazamiento en el pago del capital. Esto significa, por ejemplo, que una hipoteca promedio de 120.000 euros permitirá no pagar nada durante los tres primeros meses y reducir a la mitad el pago durante los nueve siguientes. Estas solicitudes podrán hacerse en los tres meses posteriores a la entrada en vigor del Real Decreto.
- Línea de avales para reparaciones: El Gobierno también ha creado una línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar créditos que cubran los costos de reparación de viviendas en municipios afectados. Estos créditos estarán respaldados por el Estado y contarán con condiciones favorables. Según el presidente Pedro Sánchez, el Gobierno trabaja con entidades financieras para que las solicitudes de crédito puedan gestionarse de forma ágil.
- Exención de impuestos y refuerzo notarial: Los bienes inmuebles en municipios afectados estarán exentos del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta que se reparen los daños, siempre que las personas o bienes hayan sido realojados. El Estado compensará estas exenciones a los ayuntamientos a través de los Presupuestos Generales. Además, se reforzarán los servicios notariales y registrales para facilitar a los ciudadanos la certificación de la ubicación de sus propiedades, con la expedición de documentos sin costo.
Estas medidas buscan mitigar el impacto económico en las regiones afectadas y facilitar el proceso de reconstrucción para los afectados, incluyendo un paquete fiscal, líneas de crédito garantizadas y apoyo para aliviar la carga de hipotecas.
El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto-ley declarando el área afectada por la DANA “Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil” (ZAGEPC). El Consejo de Ministros de España aprobó un Real Decreto-ley para declarar como “Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil” (ZAGEPC), comúnmente conocida como zona catastrófica, a las áreas de la península y Baleares afectadas por la reciente DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Esta medida cubre a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Illes Balears, Cataluña y Aragón, donde las lluvias llegaron a superar los 600 litros por metro cuadrado en pocas horas.
La declaración de zona catastrófica permite otorgar ayudas extraordinarias para cubrir daños personales, pérdidas materiales en viviendas, enseres y negocios, y gastos de emergencia realizados por personas o entidades. También se incluyen ayudas a corporaciones locales y medidas de reparación de infraestructuras, así como beneficios en materia fiscal, laboral y de seguridad social.
Por primera vez, el Gobierno aprobó simultáneamente un Real Decreto-ley con medidas urgentes para facilitar y agilizar los trámites en las zonas más afectadas, principalmente en la Comunidad Valenciana y algunas localidades de Albacete, Cuenca y Málaga. Este decreto implica mejoras significativas en la normativa de ayudas de emergencias, entre ellas la cuadruplicación de las cuantías, la eliminación de algunos requisitos y una simplificación de los trámites administrativos.
Las principales medidas del Real Decreto-ley cuadruplican las ayudas: las compensaciones para daños personales y materiales en viviendas aumentan drásticamente respecto al Real Decreto 307/2005. En casos de fallecimiento, la ayuda sube de 18.000 a 72.000 euros, mientras que la destrucción total de una vivienda se compensa con hasta 60.480 euros, frente a los 15.120 euros anteriores. Las ayudas para daños estructurales, no estructurales y pérdida de enseres de primera necesidad también se cuadruplican, alcanzando 41.280 euros, 20.640 euros y 10.320 euros respectivamente.
Para simplificar los requisitos, ya no es necesario que las personas fallecidas hayan sido sostenes económicos de sus familias para que estas reciban ayudas, basta con presentar un recibo del IBI para acreditar la titularidad de una vivienda y no se establecen límites de renta para acceder a las ayudas, ampliando la cobertura a más personas.
El plazo para solicitar estas ayudas se amplía a dos meses desde la publicación del Real Decreto en el BOE.
Ayudas para daños en establecimientos: Se multiplican por cuatro, pasando de 9.224 a 36.896 euros. Se otorga una franquicia del Consorcio de Compensación de Seguros y se amplía también a dos meses el plazo para presentar solicitudes.
Apoyo a corporaciones locales: Los municipios podrán cubrir el 100% de los gastos de emergencia, frente al 50% habitual. El requisito del 3% de gasto sobre el presupuesto (capítulo 2) se elimina, permitiendo a las corporaciones locales solicitar ayudas completas para todos los gastos de emergencia relacionados con la DANA, como los costos de peritaje y la retirada de enseres inservibles.
Las solicitudes de ayuda podrán incluir un informe pericial validado por el ayuntamiento para facilitar la acreditación de daños. Asimismo, se establece una autorización tácita para acceder a los datos necesarios de los miembros de la unidad familiar.
Aunque aún no se ha determinado el coste total de estas medidas extraordinarias, los primeros cálculos sitúan la cifra en torno a 118 millones de euros, que se cargarán a los créditos del Ministerio del Interior. Este conjunto de medidas refleja el compromiso del Gobierno de España con los damnificados, proporcionando un sistema de ayuda amplio y accesible para facilitar la recuperación de las comunidades afectadas.
El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-Ley para apoyar financieramente a hogares, autónomos y empresas afectadas por la DANA, ofreciendo liquidez y alivio en pagos. Una medida destacada es la creación de una Línea de Avales DANA de hasta 5.000 millones de euros, gestionada por el Instituto de Crédito Oficial. Esta línea permitirá a pymes, autónomos y hogares acceder a créditos con respaldo del Estado para adelantar indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, garantizando una liquidez inmediata.
Además, se ha implementado una moratoria en préstamos para familias y empresas con facturación menor a 6 millones de euros, eximiéndolas durante tres meses del pago de intereses y capital, y luego de nueve meses adicionales para solo el capital. Unas 30.000 empresas podrían beneficiarse de esta medida.
Por otro lado, el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido 72.125 solicitudes de indemnización y ha aumentado un 20% el valor de tasación de los vehículos dañados. También se han eliminado franquicias para empresas de menor facturación, elevando las indemnizaciones por daños en locales comerciales e industriales.
El Ministerio adopta medidas de respuesta rápida en juzgados, registros y notarías para mitigar los efectos de la DANA. El Consejo de Ministros ha aprobado un conjunto de medidas urgentes para apoyar a las personas y ayuntamientos afectados por la DANA en varias regiones de España, con un presupuesto inicial de 10.600 millones de euros. Estas medidas, coordinadas por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, incluyen asistencia para certificar la propiedad de bienes inmuebles dañados o desplazados por las inundaciones. Para ello, se ha habilitado un “Portal de emergencias registrales” que permite reconstruir la ubicación de los inmuebles mediante tecnología satelital, mientras que los registradores ofrecerán notas de localización de patrimonio de forma gratuita.
En el ámbito judicial, el Ministerio ha facilitado el teletrabajo para empleados de juzgados y registros afectados, y ha reforzado los juzgados en localidades como Torrent, Catarroja y Requena, con nuevos jueces y letrados. Además, se ha suspendido temporalmente el cumplimiento de plazos procesales y administrativos para no afectar los derechos de los ciudadanos. Con estas acciones, el Gobierno busca ofrecer una respuesta rápida y efectiva para mitigar los efectos de las inundaciones en los servicios públicos de justicia y facilitar la recuperación de los afectados.
Noticiario de hoy:
La plataforma “Baza con Valencia” anuncia que ya no recogerá ropa, pero sí otros artículos necesarios y facilita una cuenta para ingresos bancarios. Un aviso con el que se da por terminada la recogida de ropa, pero en el que se insiste en la necesidad de seguir aportando otros artículos como botas de trabajo, material y herramientas de trabajo, mantas, productos de alimentación, productos de higiene y alimentos para mascotas.
Igualmente se recuerda que solo habrá ya un punto de recogida, en el Pabellón de Ferias de la carretera de Benamaurel y en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
Igualmente, se ha abierto una cuenta bancaria para quien desee colaborar económicamente con sus aportaciones, las cuales podrán depositar en la cuenta de la Caja Rural de Granada IBAN 3023 0009 4068 1615 0103, con destino a ayudar a los damnificados por la DANA de Valencia.
En todo caso, para cualquier otra circunstancia, esta plataforma facilita como modos de contacto los siguientes; mail bazaproteccioncivil@gmail.com y el teléfono 623 337 315.
El PSOE califica las cuentas de la Junta para 2025 de “decepcionantes e inverosímiles” y denuncia “olvidos” como la Autovía del Almanzora hasta Baza. La parlamentaria andaluza Olga Manzano ha afirmado que los presupuestos de la Junta para 2025 son “decepcionantes al evidenciar su falta de compromiso con la provincia de Granada e inverosímiles ya que en 2024 sólo se ha ejecutado un 10,5 por ciento de los 534 millones que anunciaron hace un año y, para colmo, cuentan con importantes olvidos”.
Junto a los parlamentarios andaluces Noel López y Gerardo Sánchez; Manzano ha subrayado que estas cuentas “repiten promesas incumplidas como los juzgados de Órgiva y la remodelación del Palacio de Congresos, incluso con menos recursos, caso de la Ciudad de la Justicia, con un recorte de 19 millones, y las actuaciones de saneamiento y depuración en la Costa, que vuelven a aparecer con 3 millones menos”.
Además de “carecer de propuestas reales para dar respuesta a las demandas y problemas de la provincia, cuentan con “grandes olvidos” como el tramo Olula del Río-Baza de la Autovía del Almanzora, la variante de Alhama, las carreteras Ventorros de San José-Algarinejo, la de Albuñol o la Baza-Benamaurel o el metro hasta Atarfe”.
Sanidad, educación y servicios sociales son los “principales perjudicados de estas cuentas por mucho que el Gobierno andaluz del PP trate de vender un presupuesto histórico”.
En materia sanitaria, contamos con un presupuesto “insuficiente y alejado de la realidad para resolver el déficit de personal, las listas de espera que han llegado a alcanzar a casi 94.000 granadinos y de recursos que afecta directamente a la calidad de atención en nuestros hospitales y centros de salud, fruto del desvío de dinero a la privada”.
“Destinan 66 millones a inversiones sanitarias de los que 64 proceden de fondos Next Generation logrados por el Gobierno de España mientras que la Junta solo financia el 2,6 por ciento, actuaciones en las que se enmarcan equipamientos, presupuestados en su día, como el de la Barriada de la Juventud en la capital. Del Hospital de la Alpujarra y del Edificio Norte del Hospital de Motril no hay ni rastro”, ha dicho.
En educación, Moreno Bonilla apenas destina fondos para reformas en centros educativos, lo que refleja su falta de interés por mejorar la educación pública, mientras las familias afrontan un aumento del 25 por ciento de los costes de la vuelta al cole, que la Junta debería asumir.
En cuanto a servicios sociales, Manzano ha lamentado “la ausencia de un plan de choque para sacar de la angustia a las más de 8.400 familias granadinas que esperan una respuesta en el ámbito de la dependencia”.
La socialista ha afeado a la Junta que destaque actuaciones como la ampliación del metro hasta Churriana de la Vega, cuando incorporan a las cuentas 54 millones ya presupuestados procedentes del Gobierno de España, y además, la VAU-10 en La Zubia, adjudicada hace un año, vuelve a presupuestarse”.
Asimismo, ha criticado que las cuentas en agricultura se reduzcan en 13 millones respecto al pasado año, lo que afecta a los caminos rurales y a la necesaria mejora de los sistemas de regadíos en la provincia.
Manzano ha llamado la atención sobre la “prácticamente inexistente” inversión en industria, a su juicio, “algo inaceptable” para una provincia con “altos” índices de desempleo. A eso se suma la “inejecución” por parte de la Junta de los presupuestos de Formación Profesional para el Empleo. “Lleva dos años sin pagar a los centros especiales de empleo para el mantenimiento de puestos de trabajo”.
En turismo, ha pedido a la Junta que explique si los 700.000 euros destinados a municipios turísticos de la provincia “van a ser suficientes para reponer el 20 por ciento de recorte que Moreno Bonilla arrebató a las seis localidades granadinas que poseen este reconocimiento”.
Sobre el Parque de las Ciencias, ha remarcado que la inversión “sigue en descenso con una llamativa reducción de más de un millón de euros respecto a 2024, con una baja partida para la contratación de monitores, lo que refleja el absoluto desprecio del PP hacia este prestigioso proyecto, algo que venimos advirtiendo y padeciendo”.
Manzano ha exigido a la Junta que reconsidere este proyecto presupuestario porque “Granada merece unas cuentas justas que respondan a las necesidades del presente y promueva un futuro digno para el conjunto de la ciudadanía”.
“Vamos a seguir luchando por los intereses de Granada, no permitiremos que nuestra provincia se quede atrás ni que nos tomen el pelo repitiendo año tras año partidas ya programadas y desmantelando y privatizando servicios públicos, ampliando brechas de desigualdad y creando ciudadanos de primera y de segunda. Presentaremos enmiendas para mejorar estas cuentas y luchar por los intereses de nuestra tierra”, ha concluido.
Reunión de Cuerpos de Seguridad y Cooperativas de Aceite en la Comarca de Baza en la Asociación de Empresarios del Altiplano. Ayer se celebró una reunión entre los cuerpos de seguridad de la Comarca de Baza, representados por la Guardia Civil y la Policía Nacional, y las cooperativas de aceituna en la sede de la Asociación de Empresarios del Altiplano. La reunión tuvo como objetivo definir criterios y medidas de prevención para cooperativas y almazaras ante posibles hurtos.
La vicepresidenta de la Asociación de Empresarios, Elisa De La Torre, manifestó la creciente preocupación del sector por los robos que afectan tanto a agricultores como a almazaras en la zona.
Durante el encuentro, los cuerpos de seguridad recomendaron una serie de prácticas preventivas para las almazaras y centros de compra, entre ellas:
- Exigir el documento de acompañamiento a quienes entreguen el fruto, registrando correctamente los lotes según la normativa vigente.
- No aceptar aceitunas de personas que no acrediten ser oleicultores o trabajadores vinculados a ellos.
- Informar sobre datos y matrículas de vehículos de personas que intenten vender aceitunas de origen dudoso.
- Implementar medidas de seguridad perimetral, evitar acumular grandes cantidades de aceituna en las tolvas y asegurar que estas no puedan abrirse sin autorización.
Además, los cuerpos de seguridad detallaron algunas de las acciones que implementarán para reforzar la seguridad en la comarca:
- Realizar controles periódicos para verificar la procedencia de la aceituna.
- Organizar patrullas de vigilancia en áreas vulnerables.
- Mantener una comunicación directa con las organizaciones empresariales y agrícolas para notificar cualquier actividad sospechosa.
Se ofrecieron también recomendaciones específicas para los agricultores, tales como:
- Comenzar la recolección en las áreas más visibles o próximas a caminos.
- No dejar aceitunas recolectadas, maquinaria o herramientas en el campo o exteriores de las instalaciones.
- Llevar el producto recolectado al almacén o almazara lo antes posible.
- En momentos de mayor riesgo, como en noches de luna llena, adoptar medidas adicionales de autoprotección.
- Controlar la maquinaria (marca, modelo, número de serie) y avisar de inmediato sobre cualquier actividad sospechosa o presencia de vehículos y personas desconocidas en la zona.
La Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada continuará colaborando estrechamente con las fuerzas de seguridad para proteger a sus socios y fortalecer la seguridad en la comarca.
Ya disponible el listado definitivo de beneficiarios de las ayudas para libros de texto y material escolar.
Desde este martes 5 de noviembre, los interesados pueden consultar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Baza y en el Centro Municipal de Bienestar Social, ubicado en la Plaza de la Cava Alta, el listado definitivo de los beneficiarios de las ayudas municipales para la adquisición de libros de texto y material escolar correspondientes al curso 2024-2025.
El plazo para la justificación del gasto será del 6 al 20 de noviembre, es decir, quince días naturales. Los beneficiarios deberán recoger el impreso de justificación en el Centro Municipal de Bienestar Social, completarlo y presentarlo, junto con las facturas correspondientes y el número de cuenta bancaria del solicitante, en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Baza ha cedido de forma gratuita el uso del salón parroquial de la iglesia de Baúl a la Asociación San Isidro Labrador de dicho barrio. Este acuerdo, formalizado el pasado 4 de noviembre, tiene una duración inicial de un año y seis meses. Al finalizar este periodo, ambas partes revisarán el convenio; si no se llega a un nuevo acuerdo, el convenio se prorrogará automáticamente por un año adicional, con el compromiso de definir los términos antes de que finalice la prórroga.
Esta cesión es posible gracias al convenio firmado el 4 de julio de 2024 entre el Ayuntamiento y la Parroquia de la Anunciación de Baúl, en el que la parroquia concede al consistorio el uso gratuito y temporal del salón parroquial. El convenio establece que el local se utilizará para actividades diversas en beneficio de los vecinos, siempre preservando su carácter religioso y asumiendo el Ayuntamiento los gastos de mantenimiento, como luz, seguro, agua y reparaciones.
Con el salón a disposición de las asociaciones locales, y dado el interés expresado por la Asociación San Isidro Labrador de Baúl, el Ayuntamiento ha cerrado este acuerdo en un marco de colaboración constante. La firma del convenio fue realizada por el alcalde, Pedro J. Ramos, y el representante de la asociación, fortaleciendo así el apoyo a las iniciativas comunitarias del barrio.
Charla informativa para AMPAS sobre nuevas formas de fumar y sus riesgos, esta tarde. Este miércoles 6 de noviembre, a las 19:00 horas, el salón de actos del Museo Arqueológico Municipal de nuestra ciudad será el escenario de una charla informativa titulada *“Fumar: nuevas formas de consumo y sus riesgos”*, dirigida especialmente a las Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS) de los centros educativos, aunque abierta a toda la comunidad.
La charla será impartida por dos expertas en salud y prevención que trabajan de cerca con los efectos de estos productos y su impacto en las personas. Las ponentes serán Vanesa Mesas Troyano, psicóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), y Ana Guirado Ramón, directora de la Asociación Ad-Hoc. Ambas instituciones han organizado esta actividad con la colaboración del Ayuntamiento de Baza.
Esta sesión busca informar y sensibilizar a las familias sobre las nuevas formas de consumo de tabaco, como los cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo, y los riesgos asociados, con el fin de dotar a los asistentes de herramientas para la prevención y el cuidado de la salud de los jóvenes.